La Presidenta muestra signos preocupantes de una desconexión cada vez mayor con la realidad que está golpeando a todos los argentinos. A la gaffe del “fusilamiento mediático”, siguió su lamentable comparación entre la exclusividad del contrato entre la AFA y TyC con el desaparición de 30.000 argentinos durante la peor dictadura que tenga memoria el país. Es preocupante que la agenda de los argentinos no tenga mucho que ver con la del poder. La semana pasada quedó claro que las prioridades son distintas.
El daño más grave que el kirchnerismo le está propinando al país es una vuelta a la prehistoria, que cada vez más nos aísla más del mundo y nos emparenta más con la Venezuela de Hugo Chávez. Desde la derrota electoral, el gobierno parece empecinado en que el Estado avance sobre todo, aunque no concentre sus esfuerzos en resolver aquellas cuestiones que son prioritarias. La pobreza es una de ellas con cifras que van desde el 15% que afirma el INDEC hasta el 40 que sostiene la Iglesia, pasando por el 30 que admiten en el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las diferencias no son menores porque detrás de cada guarismo se esconden millones de argentinos que no tienen nada. El mundo hace mucho que dejó de discutir los diagnósticos, lo que se debaten son las soluciones, donde en ellas aparecen las distintas visiones ideológicas pero siempre en pos de resolver los problemas. Sin embargo, el matrimonio presidencial y sus aliados ubicaron a la Argentina en un estadio anterior: debatir el diagnóstico. Claramente no es lo mismo implementar políticas públicas para atender las necesidades de 5 millones de pobres o las de 15, pero para la Presidenta saber cuántos argentinos existen sin sus necesidades básicas satisfechas es una falta de respeto y es más importante censar a los ricos. ¿Acaso la Presidenta se propone reeditar una lucha de clases? Es hipócrita y contradictorio erigirse en defensora de los desposeídos cuando su patrimonio aumentó un 158% en un año, y aún no explica como ella y su marido fueron capaces de protagonizar tamaña proeza.
La liberación de los goles que TyC mantenía en cautiverio desde hace 18 años gracias a un entregador llamado Julio Humberto Grondona, es otra iniciativa que nos lleva a la prehistoria. El Jefe de Gabinete Aníbal Fernández declaró públicamente que el estado no iba a “desembolsar” un peso para la televisación de los partidos, pero ya le pagó a la AFA casi $ 399 millones, y la cifra superará los $ 600 por año financiados con publicidad oficial. Hay una gran diferencia entre nada y $ 600 millones. El gobierno ya no repara en contradicciones y monta escenarios epopéyicos en base a falacias.
La movida de Don Julio y Néstor Kirchner es grave pero no tanto por las cifras involucradas, que son preocupantes en un país que tiene otras prioridades, sino porque sienta un pésimo precedente en términos de falta de seguridad jurídica. El gobierno alentó a la AFA para que rompa el contrato con TyC. No sólo lo consiguió, sino que además ocupó su lugar. Todo vale en su guerra con el Grupo Clarín. Es un pésimo precedente para cualquier inversor, porque no tiene seguridad que se respete la propiedad privada y en cualquier momento puede verse obligado a entregarle las llaves de su emprendimiento a Guillermo Moreno o a Julio De Vido. Si el gobierno consideraba que TyC tenía un comportamiento monopólico, cuenta con las herramientas suficientes para hacerlo cesar; como el COMFER, la Secretaría de Defensa de la Competencia y la Ley de Defensa del Consumidor para aplicar las sanciones correspondientes sin entrometerse en un acuerdo entre privados celebrado 18 años atrás. Claramente el gobierno prefirió una salida a la venezolana. Una de las curiosidades de todo este culebrón es que la televisación de los partidos de la Primera B continúa en manos de los “secuestradores”, porque el contrato entre TyC y la AFA está vigente gracias al cual los clubes reciben $ 24 millones. El espíritu liberador de goles no llegó a tanto. El precedente con la AFA terminó por derribar gran parte de la golpeada seguridad jurídica de la Argentina.
En el mismo sentido –el de volver a la prehistoria- corre el proyecto de una nueva ley de alquileres fogoneada por la senadora riojana Teresita Quintela del Frente para la Victoria, que establece que entre propietario e inquilino se celebre un contrato por cinco años renovables automáticamente por tres con la sola decisión del locatario. Además, el proyecto prevé que los valores ya no se pactarán entre las partes, sino que las zonas urbanas serán divididas y en base a los metros cuadrados y al valor de la propiedad, que fijará un ente estatal, se determinará el precio del alquiler. Los inquilinos no deberán afrontar el pago de un depósito y el propietario no podrá exigir un garante. No cabe dudas que la senadora no leyó la historia argentina de la época de Hipólito Yrigoyen, cuando una ley que congelaba el valor de los alquileres retrajo la oferta a niveles dramáticos. Si el proyecto se convierte en ley, sin dudas es lo que pasará y la única forma de alquilar será contar con un amigo que disponga de una propiedad. Nadie se arriesgará a pactar con un inquilino que se dispondrá de la propiedad el tiempo que decida. Claramente, es un proyecto anticonstitucional que viola los más elementales derechos constitucionales comenzando por el de propiedad. Por otra parte, la iniciativa de la senadora Quintela también contempla la creación de un ente estatal que tendrá como objetivo la construcción de 10 millones de metros cuadrados que estará a cargo de Julio De Vido. Otra vez el Estado avanzando sobre la autonomía de los privados, y generando el efecto contrario al buscado. Otro claro ejemplo del retroceso al que se empecina el kirchnerismo en llevar a la Argentina.
En pocos días el gobierno tiene previsto lanzar el nuevo proyecto de reforma política, que presentará como producto del diálogo con los partidos políticos que llevó adelante el ministro Florencio Randazzo. Más allá de las internas abiertas y obligatorias, el gobierno pretende prohibir el financiamiento privado de publicidad política en radio y televisión; los candidatos sólo dispondrán de las 600 horas que tiene el estado y que administra el Ministerio del Interior. Es decir, que el gobierno determinará los espacios que le cede a los partidos políticos en los medios electrónicos, mientras el oficialismo utiliza los fondos estatales a discreción para solventar su propia campaña. No hace falta tener demasiada imaginación para darse cuenta el abanico de irregularidades que implicará llevar adelante una norma de estas características. Pero la frondosa imaginación del kirchnerismo no conoce de límites y también pretende regular las apariciones de los candidatos en los programas periodísticos. Es decir, que el gobierno intentará coartar la libertad de expresión y el derecho que tiene todo ciudadano a expresar sus ideas a través de la prensa y al mismo tiempo, como contracara de la misma moneda, restringir el acceso a la información de los votantes. La iniciativa no puede calificarse de otra cosa que no sea un disparate con el claro objetivo de asestar un duro golpe a la oposición y a la prensa, los clásicos enemigos del matrimonio presidencial.
Es evidente que la derrota electoral alumbró un kirchnerismo recargado, que busca invadir todos los ámbitos e imponer su voluntad. La Argentina parece ir yendo peligrosamente en la misma dirección que Venezuela, tal vez a los Kirchner también se les ocurra expropiar canchas de golf por tratarse de un deporte elitista aunque en estas tierras antes está el polo.
A pesar de los gastos injustificados del gobierno como la televisación del fútbol, la Presidenta y sus funcionarios esgrimen la teoría de la frazada corta para reconocer que no hay fondos para todo. Esta fue la respuesta a la iniciativa de una asignación universal para la niñez, un proyecto impulsado originalmente por la CTA y sobre el que hoy acuerda prácticamente todo el arco opositor. Pero al gobierno no le conviene que la asistencia social se universalice porque atenta contra su poder. Los planes asistenciales focalizados y distribuidos como mejor le parezca al poder es una herramienta política efectiva para colectar votos, pero manteniendo a los supuestos beneficiarios siempre en la pobreza pero con algunas necesidades satisfechas, como para obedecer al puntero que le consiguió un plan. La teoría de la manta corta que tanto le gusta esgrimir al gobierno es directamente funcional a su apetencia de acumulación de poder, porque así puede decidir quién queda debajo de ella y quién afuera. En cambio, si el debate pasara por agrandar la manta para que cubra a todos, como debería ser en cualquier en cualquier sociedad civilizada, el poder se acotaría de manera proporcional. Por eso, el matrimonio presidencial en vez de agrandar la manta, prefiere mantenerla corta pero no demasiado para que no salgan las cacerolas a la calle, ni tampoco que se agrande desmesuradamente porque ya nadie dependería de ellos y la sociedad adquiriría una peligrosa independencia que no están dispuestos a conceder.
POR MARTIN PITTON
por Alfredo Leuco
